2. Contaminación del agua y cambios en los glaciares: Muchos cuerpos de agua superficial se utilizan para depurar a los efluentes líquidos casi sin ningún tratamiento previo a la descarga. Cada vez se identifican más sitios en los cuales los vertidos desmesurados han convertido a los ríos y arroyos en canales cloacales que impiden otros usos complementarios. El Estado se ve enfrentado a demandas contrapuestas: de la fábrica que pretende eliminar así los desechos de su proceso de producción, de los habitantes pobres que viven en sus orillas y arrojan allí toda su basura, de la misma empresa estatal de cloacas que también arroja allí, de los que quieren navegar en un rio limpio, de los que quieren pescar peces no contaminados o de los que simplemente quieren disfrutar de su vista. Son demandas contrapuestas que muchas veces paralizan a una burocracia lenta e ineficiente, donde se presentan problemas por la presencia de distintas jurisdicciones, donde se tratan de evitar las responsabilidades.
Un ejemplo de esto es el Lago Atitlán en Guatemala. Aproximadamente un 38% de la superficie del lago, que no tiene salida natural, está afectado por algas, como consecuencia del desagüe de millones de litros de aguas residuales provenientes de miles de hectáreas de áreas agrícolas. Esta situación se ha acelerado por la introducción de decenas de especies acuáticas invasivas. Actualmente, el contenido de fosfatos es cinco veces mayor que en 1983, el de nitratos diez veces mayor que en 1968 y el fitoplancton lleva mil veces más organismos por litro que en 1968. En Guatemala, las enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas representan entre el 15% y el 20% de las causas de muerte y el 30% de las causas de mortalidad infantil en el país (PNUMA et al).
El consumo de agua se ve afectado además por erróneas políticas de precios por parte de las autoridades regulatorias, los que no reflejan su real escasez, y el ineficiente manejo de empresas públicas dedicadas a su provisión. Son limitados los casos en que se mide el consumo real de agua, lo que fomenta su despilfarro. América Latina muestra uno de los indicadores más altos de consumo de agua por habitante.
Se observan cambios en los glaciares. Se sostiene que habrían retrocedido 35 metros en los últimos 10 años y se atribuye esto directamente al cambio climático, al igual que las sequias e inundaciones. No obstante, poco se sabe del fenómeno, al igual que los efectos de “La Niña” o “El Niño” sobre sequías e inundaciones, aunque todo se atribuye a la misma causa. Cualquier turista puede apreciar el crecimiento periódico del glaciar Perito Moreno, ya que es un atractivo turístico sin par estar allí cuando colapsa en el Lago Argentino precisamente luego de unos años de crecimiento. Por otro lado, el Glaciar Upsala, segundo glaciar más largo de Sudamérica (870 km² de extensión y 60 km de longitud), ha perdido el 3,7% de su superficie en sólo 19 años. Por su parte, el glaciar chileno O’Higgins, cuarto en extensión (785,4 km2 en el año 2000), se extendía en 1973 varios kilómetros dentro del lago y en 2007 prácticamente había retrocedido hasta su orilla. El frente de este glaciar se mantuvo en una posición estable hasta principios del siglo XX. A partir de entonces inició un retroceso que midió 14,6 km en 1995. El 79% de esta pérdida se produjo entre 1945 y 1980 [2].
Comenta el Tercer Informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático en relación a “El Niño”: “Cuando se evalúan los cambios en El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), debe reconocerse que situaciones tipo “El Niño” pueden aparentemente ocurrir en una diversidad de escalas temporales desde interanuales hasta en décadas, tanto sea sin ningún cambio en fuerzas externas como una respuesta a fuerzas externa tal un aumento del CO2”. No obstante el tema se politiza con un sesgo inmediato de adjudicar toda responsabilidad a la actividad económica.
3. La contaminación ambiental del aire ha contribuido a generar enfermedades respiratorias en la población. Es la combustión a leña el principal factor causante de la contaminación interior, y los transportes e industrias, de la contaminación exterior. El número de vehículos aumenta cada año (incentivado por el diesel subsidiado) generando mayores emisiones de gases tóxicos y PTS (partículas totales suspendidas). La contaminación ha llegado a una situación crítica en muchas ciudades. En 1974, San Pablo fue declarada en estado de emergencia debido a una nube formada por miles de toneladas de monóxido de carbono emitidos por miles de automóviles y de industrias. En Puerto Rico, las industrias químicas, el super-puerto y las plantas de refinación del petróleo han afectado las vías respiratorias de 1/5 de la población. México DF también tiene grandes problemas con el material particulado en suspensión, y Bogotá (Bolivia) y Santiago de Chile tienen un grave problema con el esmog, Esto se debe en parte a que la capital chilena se encuentra entre montañas, lo que provoca que el aire se quede atrapado y no alcance a eliminar la contaminación. Sorpresivamente, el caso de Buenos Aires es muy distinto. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que es una de las ciudades con menos contaminación en América latina y el mundo, y se encuentra entre los que no representan daños para la salud. Lo curioso es que Buenos Aires no obedece a las políticas públicas sustentables o prácticas ecológicas por parte de la población, sino que es su ubicación geográfica y las condiciones meteorológicas las que hacen que la contaminación se disipe diariamente sin provocar alteraciones en la salud. A pesar de la gran cantidad de emisiones que generan los automóviles, el transporte público, las industrias y las centrales térmicas que generan energía eléctrica, el hecho de que Buenos Aires esté situada sobre una llanura, sumada a los vientos y el mayor caudal de precipitaciones, hace que esté muy ventilada y que la contaminación atmosférica no sea un asunto de relevancia [3].
4. Deforestación de bosques: América Latina cuenta con enorme cantidad de bosques y la selva más grande del mundo. Se estima que además de poseer la mayor biodiversidad y regular la temperatura global, la selva del Amazonas provee 1/5 del oxígeno del planeta, el 15% de agua dulce y la tercera parte de la madera del mundo. Desde el año 2000, se han talado aproximadamente 150.000 Km. cuadrados de selva en Brasil, mediante quemas para dejar lugar a la agricultura (sobretodo para la soja) y ganadería, o la explotación de la madera. Ayudado además por el subsidio de la construcción de carreteras, y el aumento en la densidad de población [4].
El gobierno da su apoyo a estas actividades de explotación mediante créditos y exenciones de impuestos lo que promueve aún más la deforestación. Asimismo, no hay derechos de propiedad claros, provocando que propietarios y ocupantes luchen por el derecho a propiedad, causando conflictos entre ellos y frecuentes ocupaciones. La mayoría del territorio Amazónico todavía no es legalmente propiedad de nadie. El sistema legal no protege a los propietarios de la expropiación por parte de ocupantes ilegales, quienes invaden la tierra, la explotan, para luego reclamar derechos de propiedad.
Según el Estatuto de la tierra de 1964 y la constitución de 1988 de Brasil, un ocupante tiene el derecho de instalarse en tierras publicas y hacer uso privado de ellas. Si explotan la tierra por un año reciben el usufructo, y si a los 5 años siguen ocupando y desarrollando la tierra, obtienen el derecho a propiedad. Pero como el proceso es lento y faltan presupuestos, muchos propietarios no están legalmente registrados. Por ello talan la selva para reafirmar su uso productivo de la tierra y evitar que alguien la reclame, porque el uso agrícola es considerado “uso productivo” pero no así el mantenimiento y explotación del bosque original. Talar es, entonces, una forma de obtener el reconocimiento.
Así, los propietarios explotan su tierra de manera que genere beneficios inmediatos, desmontando la zona para la ganadería y la agricultura impactando drásticamente al ecosistema, sin importar las consecuencias a futuro, en medio del auge de la agricultura como consecuencia del mejoramiento de los precios internacionales de productos agrícolas, como la soja. También se debe al incremento en la demanda de combustible a partir de la leña y de alimento, debido al aumento de la densidad poblacional. El subsidio a la producción de etanol, obtenido a través de la caña de azúcar también ha promovido la deforestación en Brasil, tercer productor de etanol en el mundo.
Algo similar ocurre en la Amazonia boliviana, donde el conflicto reciente en relación al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), es una muestra más de falta de definición de derechos, incluso colectivos, entre comunidades campesinas y colonos. También en el departamento del Boquerón, en el Chaco paraguayo.
La forestación se ha visto también perjudicada por la inestabilidad jurídica y políticas macroeconómicas que reducen la preferencia temporal, impiden el cálculo económico a largo plazo, absolutamente necesario para una actividad como ésta. La falta de moneda estable concentra la actividad productiva en el corto plazo, eso no incluye a la forestación o la explotación racional de bosques nativos.
En otros países de la región la deforestación es causada por la combinación de alta densidad poblacional y pobreza, y el uso de leña como única fuente de energía. Esos bosques suelen ser propiedad pública y el Estado no actúa como un real propietario ni asigna ese derecho a los habitantes para que tomen en cuenta el daño sobre su propio recurso o tengan incentivo a cuidar y plantar, no solamente a cortar y podar.
5. Agricultura: La extensión de la agricultura y el uso creciente de biotecnología y agroquímicos ha permitido un gran aumento de la producción de alimentos. No obstante, como toda tarea realizada con el afán de obtener ganancias, es cuestionada por su impacto ambiental, con más prejuicio que fundamento. Uno de los casos de mayor impacto en la región está relacionado con el uso de semillas genéticamente modificadas y del glifosato. La expansión de la producción agrícola, y en particular de la soja, en los últimos años, ha sido enorme [5]. Algo menos se conoce respecto al paso de la siembra convencional a la siembra directa. En la primera se abre la tierra con arados para desmalezar y luego sembrar, en la segunda se deja sobre la tierra el rastrojo de la siembra anterior y solamente se abre una ranura angosta donde se siembra la semilla para luego cubrirla. El riesgo de erosión medido en toneladas de sedimentos por hectárea por año es de 16,73 en el caso de la siembra convencional y de 4,96 en la siembra directa.
En cuanto al glifosato, se trata de un herbicida para controlar las malezas que compiten con el cultivo por recursos como el agua, la luz y los nutrientes. Las semillas transgénicas permiten contar con semillas que resisten al glifosato por lo que al utilizarlo se eliminan solamente las malezas y no se perjudica al cultivo. Su uso se ha extendido rápidamente en la Argentina mostrando la iniciativa de los productores para adoptar nuevas tecnologías.
Pero ahora bajo el argumento de un supuesto daño ecológico y a la salud humana, quienes sueñan con un cierto modelo de sociedad aunque sea más atrasada, se lanzan contra el glifosato pese a que es clasificado como de baja toxicidad por la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional que califica distintas sustancias en cuatro categorías lo ha colocado en la cuarta, la de menor riesgo, sin ofrecer peligro. En 1985 los productos fitosanitarios utilizados se repartían en tercios entre las categorías I, II y III de la OMS, ahora se utiliza un 75% del glifosato clase IV y el resto en las otras tres con tan sólo un 5% de la categoría I.
El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.
Otros problemas asociados con la agricultura son la deforestación (considerada ya en el punto anterior) y la erosión del suelo. Esta última se ve reducida donde existen claros derechos de propiedad y la posibilidad de realizar contratos de arrendamiento a largo plazo, lo que no ocurre en todos los países.
6. Los residuos sólidos se han incrementado en gran volumen como consecuencia del crecimiento poblacional y el incremento en la producción per cápita (sobre todo plásticos y materia orgánica). Los gobiernos han dejado en manos de empresas privadas la recolección pero se han quedado con la responsabilidad de la disposición final y no han permitido que surjan incentivos para la generación de menor cantidad de residuos y de mejor calidad. En algunos casos colocan contenedores que permiten una calificación, pero como no hay mayores incentivos que la conciencia (no muy firme como se ve abajo), buena parte de la clasificación para el reciclado la realizan recolectores informales, quienes cumplen una gran función, aunque con poco orden y organización. Los desechos orgánicos no se consideran materia prima de alto valor y no son recuperados por los recicladores informales. En los sectores más pobres de las ciudades y pueblos que no cuentan con servicios confiables de recolección de desechos, estos desechos suelen acumularse al borde de las carreteras y caminos, son quemados por los residentes, o se depositan en basureros ilegales.
El precio del servicio de recolección no refleja los costos de la disposición final de los distintos productos, ni discrimina por cantidad. Suele estar vinculado con el valor de la propiedad, pero éste no es un buen indicador de la cantidad y calidad de basura que se genera. De esta forma el consumidor no envía señales a los productores para que mejoren la capacidad de reciclado de los envases.
Sólo un pequeño porcentaje de los desechos se deposita en rellenos sanitarios. La mayoría se lleva a depósitos abiertos o a rellenos sanitarios, no recubiertos, sin protección de aguas freáticas, ni sistemas de tratamiento.
7. El crecimiento de asentamientos urbanos informales con hacinamiento, sin servicios sanitarios, a veces ocupando zonas inundables. El origen de esos asentamientos está asociado a políticas económicas que no suelen ser vinculadas con este problema. El deterioro de la moneda y el surgimiento de la inflación destruyeron el ahorro a largo plazo, reduciendo el crédito hipotecario e impidiendo el acceso a la vivienda. La única alternativa para sectores pobres era ocupar tierras y construir sus precarias viviendas sobre las que incluso no poseen título alguno. Los Estados se han mostrado incapaces de resolver el problema creado y mucho más de generar las condiciones de estabilidad monetaria que permitan un renacimiento del crédito hipotecario.
8. El impacto ambiental del consumo de energía se debe al uso de la leña a nivel doméstico, al uso de combustibles fósiles a nivel urbano por parte de los vehículos de transporte, y la emisión de gases de efecto invernadero, a nivel global. El desarrollo de energía hidroeléctrica, si bien es renovable, genera también impactos ecológicos, causando inundaciones de terrenos. El potencial solar, hidroeléctrico y eólico, o de biocombustibles no compite todavía en costos con los combustibles fósiles, los Estados subsidian a algunos en lugar de desregular, reducir cargas e impuestos para que estas nuevas tecnologías prosperen. Precios subsidiados generan un consumo mayor de energía, visibles particularmente en los países productores de petróleo como México, Venezuela y Ecuador. En el caso del primero los subsidios a la gasolina alcanzan la cifra de 10.000 millones de dólares, al diesel unos 3.600 millones. También se subsidia el precio de la electricidad con el mismo resultado de un mayor consumo.
El subsidio a energías renovables, como la producción de biocombustibles, no necesariamente reduce la emisión de CO2 ni genera un menor consumo de electricidad, sobre todo cuando sus tarifas también son subsidiadas por el Estado, y desplaza también la cobertura vegetal existente, bosques o la producción de cosechas con destino a la producción de alimentos. No reduce el consumo de combustibles fósiles.
9. La minería cumple un importante papel en muchos países latinoamericanos, uno que ha adquirido adicional relieve estos últimos años a partir de los altos precios de todos los commodities, y dentro de ellos los minerales. Algunos países tienen una larga tradición de explotación minera, como Chile o Bolivia, otros, como Argentina o Perú, la han estado desarrollando más intensamente.
El establecimiento de claros derechos de propiedad y el principio de responsabilidad estricta convierten a cualquiera en responsable de todo daño que pueda ocasionar sobre la vida o la propiedad de otros. Se han extendido en varios países protestas contra nuevos proyectos mineros, con más prejuicio que información. Quien entienda ser damnificado por las externalidad producidas por esta actividad tiene todo derecho a demandar tanto sea la reparación del daño realizado como la atención sobre un daño potencial. Pero esto debe demostrarse, no puede haber una condena y sanción sin fundamento, que es lo que parece extenderse en las protestas ecologistas.
La minería requiere de grandes inversiones, y es necesario ofrecer seguridad jurídica para atraer capitales dispuestos a llevar a cabo estos proyectos.
La minería, como otras actividades, puede causar problemas ambientales, como la erosión, la contaminación del suelo, aire o agua por químicos que se utilicen en esos procesos, la disposición del material no utilizado. En la mayoría de los países hay regulaciones que requieren que las empresas realicen Evaluaciones de Impacto Ambiental, cumplan con Planes de Gestión Ambiental y lleven adelante Monitoreos Ambientales. En muchos países de América Latina también existen normas de este tipo, aunque su cumplimiento se vea afectado por la baja calidad institucional en algunos países.
Las grandes compañías, además, buscan cumplir estándares adicionales como los Principios Equator [6], los estándares ambientales de la CFI [7], o los principios desarrollados por el International Council on Mining and Metals [8], la certificación ambiental de las normas ISO 9000 y 14000, o la Iniciativa de Informe Global de Ceres [9].
Recientes rechazos a las operaciones de minería a “cielo abierto”, no toman en cuenta que las empresas acumulan el material estéril en “escombreras” que serán utilizadas en la restauración una vez que se termine la explotación. Han surgido conflictos en Argentina, Perú y Panamá, y el alto precio de los minerales sugiere que surgirán otros en tanto se quieran aprovechar las oportunidades existentes.
La propiedad estatal del subsuelo hace que un proyecto minero se convierta en un costo para los habitantes de la zona, y no una gran oportunidad. Ellos ven que el Estado concesiona la explotación, los recursos van al Estado, nacional o provincial, y deben esperar que la política funcione de tal forma que reciban algo de ello, lo que muchas veces no sucede. Los gobiernos terminan asignando el gasto para otras prioridades y los habitantes se quedan con el costo ambiental sin el beneficio económico. La mina a cielo abierto de Cerro de Pasco en Perú, una ciudad a 4.300 metros de altura, ocupa el 50% del polígono de la ciudad. Por cierto que se generan fuentes de trabajo allí, pero si tuvieran un derecho sobre el recurso su situación sería por completo diferente, el costo sería compensado por un beneficio directo.
10. La pesca marina industrial y artesanal ha aumentado notablemente en los últimos años. En algunos casos, el acceso ilimitado a los recursos ha producido depredación y agotamiento, a pesar de ser una actividad regulada por el Estado o tal vez precisamente por ello. Los Estados, capturados por intereses asociados a la actividad, empresas o sindicatos, no han sabido limitar la pesca para que resulte sustentable. En algunos países la introducción de “derechos de propiedad” por medio de Cuotas de Captura Transferibles y el notable desarrollo de la acuacultura (también una forma de establecer derecho de propiedad), han permitido evitar la tragedia y cada vez se cultivan más especies en cautiverio. Es más, se están desarrollando ya experiencias de rotación entre cultivos y cría de peces donde éstos fertilizan el suelo para la siembra, reducen el uso de agroquímicos y la labranza (p. ej, arroz y pacú, La Nación 31/3/12).
11. Conciencia ambiental. Por último, los habitantes de América Latina tienen poca conciencia ambiental, la que es un gran motivador de acciones de ambientales. Las empresas responden a la demanda existente, sobre todo en países ricos, para que se reduzca el impacto ambiental en la producción de todo tipo de bienes y servicios. No obstante, muchas empresas en América Latina han introducido ya principios de sustentabilidad.
El nivel de preocupación y conocimiento sobre el medio ambiente se encuentra altamente relacionado con el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. En general, los países más ricos tienen mucha demanda de calidad medioambiental, lo que genera una correlación positiva entre la conciencia medioambiental y el ingreso. La disposición a cooperar en varios países de América Latina es bastante bajo. Una encuesta realizada por Latinobarómetro en el año 2008 reveló que es muy baja la proporción de ciudadanos de cada país que elige productos medioambientalmente responsables [10]. En promedio, menos del 20% de los latinoamericanos lo hace. Además, un poco menos de la mitad de los individuos de toda la muestra considera que la protección del medioambiente esta garantizada en su totalidad o parcialmente. La probabilidad de que un individuo latinoamericano colabore, ya sea con trabajo, tiempo o dinero, para mejorar el medioambiente, es en promedio un 3% aproximadamente. En cuanto a la participación en organizaciones ecológicas, la encuesta demostró que sólo el 3% de la población de América latina participa en alguna.
A medida que aumentan los años de educación, mayor es la predisposición del individuo a colaborar a favor del cuidado del medio ambiente. Esto se debe a que a mayor educación, existe un mayor grado de conciencia respecto a las repercusiones de los problemas medioambientales. El acceso a Internet y otros medios de información también generan una actitud Pro-ambientalista, ya que al estar más informados, los individuos tienden a lograr mayor conciencia ambiental. (Siga leyendo en página 3)
